La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto cómo décadas de falta de inversión en nuestro sistema de salud y del cuidado han afectado gravemente la calidad, accesibilidad y seguridad de los servicios de salud y del cuidado, los cuales, a su vez, dependen de un trabajo del cuidado mal pagado y precario. La pandemia también ha agravado las desigualdades estructurales preexistentes a nivel nacional y mundial en cuanto a género, clase y, en muchos casos, raza y etnia.
Millones de trabajadoras y trabajadores siguen prestando servicios sociales de salud y del cuidado en circunstancias cada vez más difíciles y con un coste de vida cada vez más elevado. El sector de cuidado tiene largas jornadas, malas condiciones de trabajo, bajos salarios y contratos inseguros. Nuestro sistema del cuidado está sub-financiado y carece de recursos.
Las necesidades de cuidado no dejarán de crecer a medida que lo haga nuestra sociedad. Es urgente emprender una revisión inmediata para garantizar que haya suficiente personal para satisfacer la creciente demanda de servicios del cuidado. En esa línea, el Estado debe financiar adecuadamente los servicios sociales públicos del cuidado y proteger al personal que los presta.
Por eso, llamamos a tomar medidas inmediatas invirtiendo en el cuidado y garantizando un trabajo decente para las y los trabajadores del sector:
- Invertir en servicios públicos de salud y del cuidado universales y de calidad, que incluyan salud mental, cuidado infantil, educación de la primera infancia, cuidado de las personas mayores y otros servicios sociales del cuidado; para garantizar la creación de millones de puestos de trabajo con un trabajo decente, contribuyendo a cerrar las brechas de género en la participación de la población activa.
- Garantizar salarios adecuados y la mejora de las condiciones de trabajo, incluyendo la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, las oportunidades de formación y la salud y seguridad en el trabajo para las y los trabajadores de la salud, del cuidado y la educación, considerando también a trabajadores/as domésticos/as y de atención domiciliaria.
- Garantizar la equidad y la no discriminación en la contratación, la retención, el acceso a la formación y las oportunidades de promoción de las y los trabajadores en todos los sectores de la salud y el cuidado.
- Garantizar que se respetan los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva de las y los trabajadores del sector de la salud y del cuidado, ya sea en la economía formal o informal, así como su representación en el proceso de toma de decisiones.
- Financiar una protección social universal y con perspectiva de género a la que puedan acceder todas y todos los trabajadores, independientemente de su situación laboral o migratoria, su origen racial o étnico, su condición de salud, su género, su expresión de identidad o su orientación sexual, y que incluya a las y los trabajadores de la economía informal.
- Garantizar la accesibilidad de todas las personas a servicios públicos de salud y del cuidado de calidad, incluidas las refugiadas y las migrantes, independientemente de su situación.
- Pasar del enfoque de la «economía del cuidado», que ha contribuido a la mercantilización del mismo, a la «reconstrucción de la organización social del cuidado», en la que las necesidades y el trabajo del cuidado no se consideren simplemente cuestiones económicas, sino derechos humanos que los gobiernos tienen el deber de proporcionar y salvaguardar.
Comité de Igualdad de Oportunidades
Confederación Fenpruss
