El pasado 1 de mayo nuevamente  tuvimos que lamentar la muerte de una mujer y funcionaria de la salud, presumiblemente por motivos laborales. Una joven enfermera del Hospital Clínico de Viña del Mar terminó por quitarse la vida aparentemente a causa del acoso laboral constante por parte de su equipo de trabajo, en medio de la crisis sanitaria más grande del último tiempo. De confirmarse los motivos, sería el segundo caso se suicidio a causa de mobbing en menos de un año.

Sin conocer a la afectada, el suceso nos hace pensar en cada una de nuestras compañeras que eligieron una carrera por vocación, y que en sus primeros años laborales sufrieron o han sufrido menoscabo por no ir al ritmo de quienes llevan más años de experiencia, por el simple hecho de ser  jóvenes o  por ser mujeres. Esto se suma  a la constante amenaza del acoso sexual, una actitud y que tiende a ser normalizada en muchos casos, ya sea en el sector público o en el privado.

Si bien estos actos son perpetrados por personas individuales o grupos definidos, las instituciones tienen una gran responsabilidad frente a estas situaciones, especialmente cuando varias no cuentan con protocolos  de denuncias y, en el caso de que existiesen dichos protocolos, no es seguro que los procesos de investigación se cumplan dentro de los plazos establecidos ni se llegue a sanciones. En distintas ocasiones la persona que denuncia es desvinculada o cambiada de funciones, lo que perpetúa el miedo a denunciar y mantiene la violencia sistemática que puede dañar la salud mental significativamente y, en casos como el de nuestra compañera, terminar con incluso en el suicidio.

Durante este periodo de alta presión y profunda afectación a la salud mental, es imperante que las instituciones activen sus  protocolos de vigilancia por acoso o maltrato laboral y sexual,  y releven      los programas de monitoreo de la salud mental en las y los funcionarios.

Desde nuestra organización, que representa a la mayoría de las y los profesionales de los servicios de salud a los largo del país, solidarizamos en este momento con las y los compañeros de la salud privada y entregamos las condolencias a la familia de Vanessa, además de reforzar nuestro compromiso irrestricto en la lucha para erradicar la violencia en los puestos de trabajo y exigir una investigación a fondo sobre estos lamentables hechos.

 

SUBCOMISIÓN DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONFEDERACIÓN FENPRUSS

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