Durante las últimas semanas hemos visto un despliegue comunicacional por parte de las Isapres de Chile quienes, levantando un discurso alarmista, hablan de la inminente quiebra de estas empresas aseguradoras, lo que también mezclan con el debate sobre la nueva Constitución al indicar que lo más importante es cuidar la “libertad de elección” en salud. Esto, para ellos, conlleva mantener y fortalecer el actual sistema segregado que durante años ha dado enormes ganancias a las Isapres, quienes lucran con algo que debe ser un derecho fundamental: la salud de todas y todos.
Resulta llamativo que estas voces alarmistas se den precisamente en un momento en que el país deberá decidir sobre una nueva Constitución que consagra el derecho a la salud y propone un seguro de salud universal y solidario. En la misma línea, el programa del actual gobierno propone crear un Fondo Universal de Salud que termine con la innecesaria segregación entre las personas con más y menos ingresos.
En la actualidad existe un consenso mayoritario en el mundo de la salud, incluyendo la academia, organismos internacionales, expertos/as, organizaciones de usuarios/as y gremios de la salud pública y privada; sobre que el sistema de sanitario debe basarse en un aseguramiento universal y de carácter solidario. Esto significa terminar con lo que existe hoy: un sistema de previsión en salud en que el 77% de la población cotiza en Fonasa pero recibe solo el 74% del gasto en salud, mientras que solamente un 17% cotiza en Isapres, pero recibe el 26% del gasto.
Fonasa funciona como un seguro de salud solidario, es decir, todas y todos cotizamos para cubrir las necesidades de salud de todas y todos sin distinción. Por su parte, las Isapres son seguros privados e individuales, en los cuales las primas se fijan por niveles de riesgo y características de la persona, incluyendo edad, sexo y estado de salud. Como bien sabemos, esto ha llevado a que las Isapres discriminen a veces de forma brutal a las personas en el acceso a los planes y en el monto cobrado, terminando por quedarse con la población con más ingresos y más sana, que les permite cobrar altos montos y gastar poco. Un resultado de esto es que, del total de dinero recaudado por cotizaciones de salud, las Isapres se llevan el 46%, siendo que, como ya dijimos, solo afilian al 17% de la población. Asimismo, el gasto per cápita disponible para Fonasa es de $36.335 pesos, mientras que el de las Isapres es de $67.613.
Este sistema segregado de seguros de salud no solo demuestra ser injusto, elitista y promotor del lucro, sino que también es marcadamente ineficiente, en tanto no puede conjugar el derecho a la salud de las personas con la búsqueda de réditos económicos por parte de los dueños de las Isapres. Así vemos que, una vez que la demanda por prestaciones de salud aumentó a causa de la pandemia y se pusieron restricciones obvias a la discriminación por parte de los seguros privados (como aquella que hacían con las mujeres), las Isapres comenzaron a entrar en crisis.
Afortunadamente, la gran mayoría del país ha tomado conciencia de lo que el sistema sanitario segregado ha provocado en la salud de la población luego de décadas de abandono del sistema público y lucro por parte del sistema privado. Por eso, hoy el discurso alarmista de las Isapres no da para preocuparse, sino que fortalece la opción de construir una nueva salud cuyo sistema de aseguramiento sea universal, público y solidario, como propone la nueva Constitución.
De esta forma podremos lograr que, a través de mancomunar las cotizaciones de toda la población, el aporte de la población de más ingresos junto a los recursos aportados por el Estado logren crear un fondo lo suficientemente fuerte para entregar cobertura financiera de salud a todas y todos sin discriminaciones. En tanto, los seguros privados quedarán disponibles como instrumentos complementarios para quien lo desee.
Este nuevo seguro universal cubrirá a toda la población, al mismo tiempo que permite su utilización en el sistema público (donde, luego del anuncio del “Copago Cero”, la atención será totalmente gratuita) y también en el sistema privado. Esto irá de la mano con el fortalecimiento del sistema público que mandata el nuevo texto constitucional, para así lograr que la tan pregonada “libertad de elección” sea una realidad y no una ilusión como ahora, cuando las personas se ven obligadas a pagar en la salud privada por lo que el sistema público no pudo dar.
Chile lo tiene claro: salud pública gratuita, universal, solidaria, de calidad y sin fines de lucro. Ese es nuestro norte y hacia allá apuntamos de la mano con la nueva Constitución.
CONFEDERACIÓN FENPRUSS
