El anteproyecto se enmarca en legislaciones existentes y acuerdos internacionales como el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11) que, para la Cumbre de los Pueblos (CDLP), ponen en jaque la implementación y el cumplimiento de los objetivos que pueda tener una ley para enfrentar la crisis climática y ecológica.
Este miércoles 31 de julio, en la Plaza de la Constitución, la Cumbre de los Pueblos (CDLP), que agrupa a más de 170 organizaciones territoriales, sociales, ambientales, sindicales y políticas, expuso a través de un comunicado público su rechazo al anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, iniciativa presentada por el Gobierno de Chile, y su fase de Consulta Ciudadana que culminó este 31 de julio.
La CDLP, que busca articular respuestas de cara al Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC) y la 25ª Conferencia de las Partes por el Cambio Climático (COP 25), hitos internacionales que se realizaran en Chile a fines de este año, declaró que la Consulta Ciudadana del anteproyecto “es un proceso que carece de características democráticas, pues no incluye procesos de participación vinculantes ni de plazos adecuados para estos, que incluyan formación y suficiente información para que los pueblos se manifiesten”.
La propuesta del Gobierno pone como meta general la carbono neutralidad para el año 2050, “promocionando medidas de absorción de carbono con severos impactos sobre comunidades y ecosistemas, como las plantaciones de pinos o eucaliptos; en lugar de un compromiso efectivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que aborde con integralidad la crisis ecológica a partir de medidas no sólo tecnológicas sino que también reconozcan las funciones ecosistémicas y alternativas que apunten a un futuro social y cultural sostenible”, se expresó en el comunicado.
Para la CDLP, el anteproyecto presentado no da cuenta de la profundidad y gravedad de la crisis climática y ecológica global, ya que no menciona la responsabilidad de las potencias industrializadas y emergentes, ni da cuenta de sus “catastróficas” consecuencias, que se ven reflejadas en las realidades locales, siendo ejemplo de ello las zonas de sacrificios y zonas de alto riesgo, que dejan a Chile entre los 10 países más vulnerables del mundo. Asimismo, “favorece de manera categórica la lógica empresarial privada, enfatizando de manera casi exclusiva la gestión por sectores productivos, por sobre la necesaria aproximación integral/holística y territorial” que pone la eficiencia económica por sobre el bienestar público y ecosistémico.
Ante este escenario, la Cumbre de los Pueblos exige al Gobierno de Sebastián Piñera crear una legislación a la altura de la crisis climática y ecológica, que asegure la justicia social y climática; fortalecer los espacios para la participación efectiva y vinculante de las comunidades; generar mecanismos de descentralización que consideren la voz de los municipios sobre la gestión de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático, donde se ven los impactos directos con la muerte de ganado y tierras fértiles, “debido a la priorización del uso del agua para fines empresariales en una legislación que reconoce la privatización del agua como natural”.
