Este lunes 28 de octubre Unidad Social, espacio amplio de movimientos sindicales y sociales del cual es parte la Fenpruss, se reunió para planificar la continuación de las movilizaciones nacionales por una vida digna y en contra de los abusos. La coordinadora llamó a las y los chilenos a plegarse a un Paro Nacional peste miércoles 30 de octubre, así como a continuar los cacerolazos, concentraciones, cabildos y marchas durante esta semana.
El anuncio fue hecho en la misma jornada en que el Gobierno realizó un cambio de gabinete que no alteró el carácter ni el discurso de las autoridades, ni tampoco implicó responder a las demandas planteadas durante estos días.
En ese contexto, el llamado de Unidad Social es a mantener la movilización y exigir con fuerza una Asamblea Constituyente como salida democrática a la crisis social que afecta al país. El espacio también generó el “Pliego de los y las Trabajadoras de Chile”, una lista de demandas estructurales que tienen que ver con distintos ámbitos.
Las y los dirigentes presentes llamaron a masificar los cabildos ciudadanos como espacio de organización y discusión, y anunciaron la marcha central que se realizará el miércoles 30 en Santiago a partir de las 10:30 horas en Plaza Italia. Las convocatorias en regiones serán anunciadas en las próximas horas.
A continuación el documento presentado:
PLIEGO DE LOS Y LAS TRABAJADORAS DE CHILE
Chile enfrenta la crisis social y política más profunda desde el retorno a la democracia. Todos quienes festejaron en las calles el fin de la Dictadura, celebraron no solo la salida del dictador, sino la esperanza de avanzar hacia una democracia plena con más derechos y justicia social; Sin embargo, después de más de 30 años de esperar este proceso, han terminado por transformar la esperanza en rabia, con la evidente distancia que se ha ido generando entre la denominada “ciudadanía” y los “políticos”, con procesos electorales cada vez menos participativos y con movilizaciones masivas que no han implicado cambios en la vida de las y los chilenos.
Las manifestaciones vividas el 2006 (Revolución Pingüina) y 2011 por el derecho a la educación, lograron convocar a millones; movilizaciones que se replicaron, años más tarde, en las multitudinarias marchas por el fin de las AFP’s. No obstante, hoy se sigue luchando para asegurar el derecho a educación gratuita y de calidad, y se discute en el Parlamento un proyecto de ley que, en vez de terminar con el actual sistema de pensiones, lo profundiza y fortalece. A ello se suma el descontento frente a los abusos, la corrupción y las desigualdades, no solo de ingresos, sino también de privilegios y trato que viven diariamente millones de trabajadores y trabajadoras.
La crisis de Chile no es de “orden público”, es una crisis de fractura social, expectativas y promesas incumplidas. Es una crisis ante un sistema económico profundamente desigual. La respuesta del Estado no puede ser solo control social y seguridad, se requieren respuestas políticas que derroten las lógicas del Neoliberalismo y la mercantilización para recuperar las confianzas.
Las Organizaciones Sindicales agrupadas en Unidad Social, insta a los partidos políticos y parlamentarios a recoger planteamientos del movimiento social y enfrentar de manera efectiva la crisis social y política en curso.
Hacemos un llamado al Gobierno a devolverle la democracia al Estado de Chile, dialogar con los alcaldes respecto de las mejores medidas de seguridad para los territorios y la población y terminar con el Estado de Excepción. Los militares deben volver a sus cuarteles. Chile no está en guerra, Chile quiere paz, pero una paz verdadera y duradera solo puede ser con justicia social y defendiendo la democracia que tanto nos costó recuperar.
Asimismo, llamamos al Congreso Nacional a que no continúe con la tramitación de los proyectos de Ley impulsados desde el Gobierno, mientras no se termine el Estado de Emergencia, que a esta altura es más bien un Estado de Sitio ejercido de facto por el Gobierno y la fuerza Pública, fuera de todo marco constitucional y legal. Para los chilenos y chilenas, no están dadas las mínimas condiciones del debate democrático en el parlamento.
El gobierno habla de un diálogo que nos permita superar la crisis; sin embargo, pone urgencia a proyectos de ley nefastos que atentan contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿cómo vamos a construir un nuevo pacto social si el ejecutivo actúa con trampa y el parlamento sigue legislando como si nada pasara en nuestro país?. No se puede normalizar la anormalidad que significa despertar con militares en las calles de nuestro país.
Ante autoridades que no dimensionan la grave crisis que enfrentamos, como trabajadores y trabajadoras emplazamos a nuestra contraparte – los empleadores- a pronunciarse sobre una agenda de derechos laborales y de seguridad social que realmente represente al pueblo de Chile. Aquí no se trata de pedir disculpas por años de sordera, ni de asumir como un acto de beneficencia el pago de salarios justos; años de abusos y colusiones, no se resuelven solo con buenas intenciones, se trata de avanzar en justicia social efectiva.
1.- Discusión inmediata de un salario mínimo nacional de $500.000 líquido
Durante años hemos demandado la construcción de una Política Salarial para Chile que permita, efectivamente a cada familia, vivir de su sueldo. Además que establezca un tope a las rentas altas y que termine con las brechas salariales entre hombres y mujeres.
Este es un mecanismo complementario para avanzar en la disminución de la desigualdad de ingresos para nuestro país, pero no puede reemplazar el derecho pleno y efectivo a negociar por rama, que es el mecanismo por excelencia para contener y superar la desigualdad económica.
El salario mínimo debe alcanzar para sacar al trabajador y su familia de la pobreza, según la casen 2017 los hogares más pobres del país están caracterizados por familias donde trabaja una persona y están compuestas en promedio de 6 personas en el primer decil y 4 personas en el segundo decil. Si queremos sacar a esta población de la pobreza por medio del trabajo, corresponde usar 5 líneas de la pobreza que son 510.000 líquidos.
2.- Derecho a Negociación Colectiva Ramal y Efectivo Derecho a Huelga.
Si asumimos como el gran conflicto de Chile la fractura social, producto del aporte que hacemos los trabajadores y trabajadoras al desarrollo de Chile versus la retribución a este aporte en materia de salarios y protección social, es evidente que estamos muy lejos. No pretendemos que todo lo resuelva el Estado. Por eso, para avanzar en mecanismo efectivos de redistribución de la riqueza, debemos fortalecer la Negociación Colectiva a todo nivel, siendo las contrapartes del mundo del trabajo las llamadas a construir diálogo social. Fin a todas las limitaciones al ejercicio efectivo de derecho a huelga. (empresas estratégicas, servicios mínimos y adecuaciones necesarias). Termino de la subcontratación como forma de precarización del empleo.
3.- Pensión mínima equivalente al salario mínimo que proponemos y nuevo sistema pensiones.
El debate de pensiones dignas no puede limitarse solo al aumento de la Pensión Básica Solidaria (financiada por el Estado). Hoy se requiere un verdadero Sistema de Seguridad Social, representado en la propuesta de la Coordinadora No + AFP, que en lo inmediato asegure -vía proyecto de ley- una pensión mínima que no sea inferior al salario mínimo de $500.000 que proponemos.
4.- Canasta de servicios básicos protegidos (agua, luz, gas, teléfono, cable, internet)
Enfrentar las desigualdades y abusos no significa solo saldar la deuda que se tiene con los trabajadores y trabajadoras en materia de ingresos. Es necesario establecer un tope de renta para servicios esenciales. Eso debe traducirse en que ningún gasto en pago de servicios, debe ser superior al 15% del salario mínimo. Considerando que las empresas son las principales consumidoras de agua (95%), el costo de ese consumo debe ser mayor para financiar, con esa diferencia, parte del consumo doméstico.
Esto, como medida inmediata, mientras se discute una nueva constitución que resuelva si servicios esenciales como los mencionados en esta canasta básica pueden seguir en manos de privados o deben pasar a ser controlados por el Estado.
5.- Transporte
Necesitamos un sistema de transporte único, que considere tanto las carreteras, autopistas, buses, metro y trenes. Estamos cerca del termino de los contratos de concesión de autopistas y carreteras, con la posibilidad que su administración vuelva al estado y por lo tanto, el beneficio social se imponga sobre las utilidades. Junto a ello, necesitamos un sistema integrado de transporte, que asegure calidad, confiabilidad, movilidad y tarifa a todos los chilenos.
El transporte público debe ser considerado un derecho en el marco de ciudades desiguales territorialmente. Frente a los millonarios subsidios que entrega el Estado, es necesario que esos recursos tengan un impacto en la rebaja de la tarifa de transporte.
- Tarifa Social Justa que permita el fácil acceso de los usuarios al transporte público.
- Gratuidad en el pasaje adulto mayor.
- Gratuidad en la TNE y en pasaje estudiantil.
- Eliminación de los TAG, vuelta de las carreteras a manos del Estado.
6.- Reducción de la Jornada de Trabajo
En relación a las jornadas de trabajo, creemos que Chile está en condiciones de reducir la jornada a 40 horas o menos, pues los efectos sociales y laborales son ampliamente beneficiosos para nuestro país. El Congreso Nacional, una vez que se ponga fin al Estado de Excepción, debiera aprobar de forma inmediata este proyecto de Ley.
La experiencia internacional y los estudios ampliamente conocidos, respaldan el hecho que las jornadas laborales son demasiado extensas en nuestro país y que los países desarrollados van tendiendo a jornadas de 36 horas.
Sin embargo, la reducción de la jornada de trabajo no puede ser una puerta a la flexibilidad laboral (precarización) que propone el Gobierno, por lo que el Congreso Nacional debiese aprobar dicha reducción sin ningún elemento de flexibilidad.
7.- Salud, Educación, Vivienda: Derechos Sociales.
El pleno derecho y acceso a la salud y la educación, vivienda para toda la población deben ser la primera prioridad para el estado. Ello debe efectivizarse a través de la priorización de sistemas públicos con financiamiento adecuado y que permitan la gratuidad en su acceso. En lo inmediato se debe terminar con el lucro y negocio con estos derechos sociales y se debe establecer espacios reales de participación en su gestión. Una lógica similar debe establecerse para todos los derechos sociales fundamentales.
8.- Derechos Humanos.
Desmilitarización permanente del territorio nacional, investigación, juicio y castigo de las violaciones de los Derechos Humanos. Castigo ejemplar a la violencia sexual de hombres y mujeres por organismos represivos del Estado.
9.- Presupuesto Fiscal 2020
El año 2020 se prevé como uno de los años más difíciles desde la gran crisis del 2008; la guerra comercial desatada a nivel internacional, bajará las expectativas de crecimiento mundial en un 1% y la de Chile en un 0,5%, pero además debemos sumar a esto un presupuesto de la nación que hace poco y nada para reactivar la economía. Por ello, llamamos a que se discuta el presupuesto público 2020 con la mirada puesta en la protección de derechos sociales de la mayoría de los chilenos. Necesitamos un presupuesto 2020 con prioridades sociales y económicas, que disminuya la desigualdad del país.
El presupuesto presentado este año es el que menos crece desde el año 2003, es necesario al menos doblar el crecimiento a 6%, y concentrar este aumento, en inversión publica con alto impacto en la creación de empleo y bienes públicos.
10.- Nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente
La deuda de Chile con los trabajadores y trabajadoras, no es solo una deuda sobre derechos, es también de mínimas garantías democráticas. Se nos invita a participar de los procesos electorales como el gran espacio para ejercer nuestra voz y soberanía, pero sobre los proyectos más relevantes para el futuro de nuestras vidas -como la educación, salud, vivienda, pensiones, salarios- no tenemos ningún espacio de participación directa. Hoy es necesario profundizar la democracia con más derechos, pero también con mecanismos de participación efectiva, que encanten a la ciudadanía con la política.
Para construir un Nuevo Pacto Social, no basta con lograr “acuerdos”. Discutir un Nuevo Pacto Social es construir entre todos y todas una nueva Constitución, considerando la más amplia participación. Y el único mecanismo que nos permite abrir las puertas a que todas y todos nos sintamos convocados e interpelados es a través de una Asamblea Constituyente.
Somos conscientes de que ningún actor, social o político, puede ni debe atribuirse la representatividad o vocería de las mayorías sociales movilizadas, pero con esta misma claridad señalamos que no permitiremos que sean los acuerdos entre cuatro paredes los que se impongan, escudados en que no hay “propuestas” claras tras la movilización social.
UNIDAD SOCIAL
