La emergencia por el COVID-19 a la que nos vemos enfrentados está poniendo en evidencia lo nefasto que es el mercado para la solución de problemas de salud pública. El estado actual de nuestro sistema sanitario no solo presenta grandes dificultades para responder a la emergencia de salud de la población, sino que también consta de una insuficiente normativa de salud ocupacional y seguridad laboral para proteger a sus trabajadoras y trabajadores.
El marco normativo actual solo está preocupado de limitar la certificación de enfermedad laboral para el contagio por COVID-19, con expresa desconfianza en la buena fe de las y los funcionarios, y de los facultativos que otorgan las licencias médicas, sin abocarse a dirigir todos sus recursos a la protección de sus asegurados.
Por otro lado, la debilidad del gobierno y autoridades que no dan directrices claras para proteger a quienes deben mantener los servicios a la población, y en especial a los trabajadores de la salud, que son los más afectados por ser la barrera que enfrenta la enfermedad, agrava aún más la condición de los funcionarios.
Hacemos un llamado a la autoridad sanitaria para que termine con la lógica mercantil de las aseguradoras y proceda a definir con claridad quiénes deben cubrir el tratamiento o licencia médica, y quién paga el examen para determinar los portadores.
A la autoridad de salud le reiteramos que la única forma en la que podremos responder eficientemente a esta pandemia, es poniendo la integridad y salud de las y los trabajadores por sobre las consideraciones economicistas. Debe ser una consigna a no olvidar por las autoridades el cuidar a las cuidadoras y cuidadores en la salud pública.
