Hemos conocido el acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno, en el cual cierran bajo la firma de 16 organizaciones la negociación con acuerdo en las demandas económicas (reajuste y beneficios económicos comunes para todo el sector). En lo fundamental, se mantuvieron los beneficios del año anterior, con sus respectivas líneas de corte, y se acordó un bono de término de conflicto.
Reconocemos de parte del Gobierno un esfuerzo significativo y realista en recuperar el poder adquisitivo de los sueldos al acceder a un reajuste del 12% para aquellos sueldos brutos permanentes de hasta $2.200.000. A quienes superen ese monto, y hasta $4.000.000 bruto permanente, se les otorgará en compensación un bono plano de $264.000, lo que, porcentualmente en la escala, va del 12% hasta un 6,6% nominal para aquellos que ganen el tope del tramo (promedio del tramo 8,8% de reajuste). Recordemos que a estas cifras debe descontarse la inflación real.
Si bien entendemos que los funcionarios y funcionarias se encuentran mayoritariamente en el tramo de ingresos más beneficiado, lo que representa un esfuerzo significativo, no podemos dejar de observar que una vez más los intereses de la planta profesional no han sido resguardados convenientemente por quienes pretenden representarlos, aunque afilien minorías dentro de los profesionales. Una vez más promovieron el principio de nivelar hacia abajo con el argumento de disminuir las brechas salariales.
Esto perjudica a una buena cantidad de funcionarias y funcionarios profesionales que, ya sea por antigüedad y/o mérito, han escalado en sus remuneraciones, alcanzando precisamente los niveles de ascenso a que aspiramos en todos los estamentos a través de una verdadera Carrera Profesional. También se encuentran entre los perjudicados aquellas compañeras y compañeros que realizan turnos, con el desgaste y sacrificio que ello significa. Estos grupos de trabajadores ven cómo, tanto en bonos y beneficios como en el reajuste, son los que pagan el costo de una forma de cierre de la negociación que al gobierno le era indiferente. Creemos sinceramente que un o una profesional que vive de un sueldo y un contrato no pertenece a los sectores más privilegiados, y que comparativamente sostienen un costo fiscal proporcionalmente mucho menor. Estos colegas han optado por permanecer en el sector público renunciando a mejores oportunidades contractuales en el sector privado.
Como Confederación seguiremos insistiendo ante los parlamentarios en llevar la voz de aquellos que fueron excluidos de la negociación que lleva el gobierno con la MSP. Por lo tanto, llamamos a nuestras dirigentas y dirigentes a intensificar las gestiones ante los parlamentarios de sus zonas y mantener en alerta a socios y socias.
Queremos decir con claridad que la Mesa del Sector Público no nos representa como Confederación Fenpruss, organización mayoritaria de las y los profesionales de la salud centralizada, con 15.000 afiliadas y afiliados. En la mesa solo estuvieron, por razones políticas, los representantes de un pequeño sindicato de profesionales de la salud, sin capacidad de representarnos. La CUT también es responsable de la ausencia de representación en la mesa de nuestro estamento. La Central permitió el sectarismo de la mesa de negociación, con la exclusión de decenas de miles de trabajadores del Estado. Como Fenpruss continuaremos nuestra lucha por la unidad de trabajadoras y trabajadores que no se vea afectada por individualismos e intereses grupales.
Por último, tenemos la convicción de que las funcionarias y funcionarios del Estado, y en particular de la salud centralizada, no merecemos perder poder adquisitivo y que necesitamos a la brevedad ser parte de un nuevo modelamiento de carrera profesional.
CONFEDERACIÓN FENPRUSS
Santiago, 2 de diciembre de 2022.
