30 de diciembre 2020
Las y los profesionales de la salud pública de Chile queremos expresar –una vez más- nuestra indignación y preocupación por la forma en que las autoridades siguen enfrentando la pandemia del COVID-19. Desde antes que llegara el primer caso a nuestro país, y con más fuerza a partir de la expansión del virus, hemos llamado al Gobierno a escuchar a los actores directamente vinculados a la salud y a tomar medidas radicales y efectivas para evitar la expansión de la pandemia, evitando así poner en riesgo a la población.
Sin embargo, durante todo el 2020 presenciamos una serie de estrategias erradas de parte de las autoridades. Medidas poco claras y sin respaldo científico, mala comunicación de riesgo, ocultamiento o manejo intencionado de cifras, retraso y fallas al establecer sistemas de trazabilidad, así como una negativa sistemática a aumentar los recursos para la salud pública. A esto se suman las denuncias por mal uso de recursos públicos en arriendos de espacios privados para residencias sanitarias, así como el casi nulo apoyo directo del Gobierno a la población para enfrentar la inmensa crisis económica y social derivada de la pandemia, forzando a las personas a utilizar sus fondos previsionales y de cesantía para poder atravesar este periodo.
Pese a que el mundo científico y social ha llamado constantemente la atención sobre las estrategias fallidas del Gobierno, durante estos últimos días hemos presenciado un nuevo caso de irresponsabilidad política y sanitaria que pone en riesgo a nuestro país. La llegada de una persona infectada con la nueva variante del SARS-Cov2 encontrada en Inglaterra a través del aeropuerto de Santiago, la pérdida de trazabilidad de este caso y la reacción absolutamente tardía por parte de la autoridad son hechos alarmantes que demuestran, una vez más, la inoperancia del Gobierno ante esta crisis.
En este proceso se verificaron problemas importantes en los protocolos que se siguen en la frontera aérea, que inexplicablemente se mantuvo abierta pese a la enorme segunda ola en Europa y a la nueva variante del virus descubierta en el mismo continente. Esto demuestra que las autoridades siguen privilegiando otros intereses, como el funcionamiento normal de la industria turística y el comercio, por sobre la vigilancia epidemiológica para el resguardo de la salud de la población.
Un segundo aspecto crítico que devela este episodio es la ya mencionada debilidad de nuestro sistema de trazabilidad, lo que queda visiblemente expresado en la imagen de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, con un cartel escrito a mano con el número «salud responde». Es de público conocimiento que las aerolíneas deben contar con los datos de sus pasajeros y sus contactos, algo que no se les está solicitando dado la urgencia de la Subsecretaria porque sean las personas las que contacten a la autoridad sanitaria. La trazabilidad en general se implementó tarde en Chile y no tiene números satisfactorios. Sin ir más lejos, en el último informe de trazabilidad elaborado por el Departamento de Epidemiología del Minsal, se reporta que solamente un 49,6% de los casos nuevos tiene nexo, es decir, que no sabemos dónde se contagian más de la mitad de los casos nuevos.
Lo que estamos viendo hoy parece una historia repetida de lo sucedido en marzo, cuando las autoridades se negaron a implementar las medidas radicales y rápidas sugeridas por expertos/as y los gremios de la salud, permitiendo la expansión del virus en nuestro país.
Si bien valoramos la gestión que ha hecho el Gobierno para implementar la vacuna en nuestro país, esto servirá poco si se insiste en relajar las medidas de control donde más se necesitan. Hoy es más necesario que nunca tomar medidas drásticas para evitar una segunda ola y la expansión de la nueva variante del virus, las que deben ir acompañadas de apoyo económico directo a las personas y las pequeñas y medianas empresas. También debe existir un mejor flujo de información hacia la población y los equipos de salud sobre la vacuna, sus características y procesos de implementación.
No podemos seguir pasando por alto las miles de muertes, contagios y personas con secuelas que ha dejado el COVID-19 en nuestro país. De una vez por todas es necesario aprender de los errores, idear estrategias sanitarias con foco en la salud de la población y no en los intereses económicos, proteger a los equipos de salud y evitar que la pandemia siga cobrando vidas. En ese esfuerzo, las y los profesionales y demás estamentos de la salud pública continuaremos nuestra lucha contra el virus, pese a los recursos escasos y el riesgo de terminar sacrificando nuestras propias vidas, como sucediera hace días con el caso de Teresa Tobar Solís, matrona y socia Fenpruss del Hospital de Curicó, lamentablemente fallecida a causa del COVID-19.
CONFEDERACIÓN FENPRUSS
