A petición de la Asociación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día de Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conocido también como el Día de las y los Detenidos Desaparecidos. Esto luego de décadas de mucha oscuridad en materia de Derechos Humanos en nuestro continente, con dictaduras militares que dejaron un reguero de muerte, dolor y duelo que todavía no ha sanado.
La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en las y los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera, no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
En ese marco, desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Estos sucesos, que en su día fueron principalmente producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación el acoso de los defensores de los Derechos Humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones, y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
En Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación -también conocida como Comisión Rettig, en honor al jurista que la presidió, Raúl Rettig- llegó a la conclusión que 1.248 personas detenidas durante la dictadura cívico-militar, tienen el carácter de desaparecidas. Desde la creación de esta comisión se han logrado avances, como es el reconocimiento del Estado de la figura del detenido o detenida desaparecida, cuestión que la dictadura negó junto a sus cómplices activos y pasivos. La prensa afín a la tiranía siempre habló de “presuntos detenidos desaparecidos” y otros adjetivos. Inclusive llegó a insultar su memoria con actos como el montaje del caso de los 119 u “Operación Colombo”, donde se utilizó titulares que decían “Como ratones exterminan a miristas” (La Segunda). La justicia no estuvo a la altura, se negó a acoger los recursos de amparo presentados por familiares y abogados de DDHH. Y el corolario fue el presidente de la Corte Suprema de la época, Israel Bórquez, quien expresó que lo tenían “curco” los desaparecidos, ante el clamor de sus familiares.
En justicia y reparación sólo se ha avanzado a medias. No ha existido voluntad de los represores para aclarar los casos de los detenidos desaparecidos. Han sido los familiares y compañeros de los detenidos, los factores determinantes en la mayoría de los casos resueltos.
En ese contexto, la garantía de no repetición también es un anhelo, pues en democracia tenemos al menos cinco casos de desapariciones forzadas de personas cuyo paradero se desconoce luego de ser detenidas por fuerzas policiales o militares.
Todavía queda mucho por hacer. Un gran paso, sin dudas, será la propuesta que la Convención Constitucional hará al país en materia de Derechos Humanos. Allí ciframos nuestras esperanzas.
