Hace un año, en este día, conmemorábamos la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en medio del levantamiento popular. Resaltábamos ser testigos de uno de los mayores estallidos sociales que ha vivido nuestro país, demandábamos una nueva Constitución, denunciábamos la respuesta represiva del gobierno, reiterábamos nuestro compromiso con la paz, la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos; y terminábamos declarando nuestra misión y compromiso como trabajadoras y trabajadores de la salud pública.
Algunas semanas después la pandemia desnudó de manera brutal todas las inequidades que denunciáramos. Quedó al descubierto la terrible verdad de la sociedad de la desigualdad y la exclusión; el modelo violador estructural de los Derechos Humanos, y un gobierno que, despojado de toda la apariencia liberal, hizo de la violencia policial, económica, jurídica y cultural su única y exclusiva respuesta. Nunca pudo quedar más claro que para ellos la salud del modelo es absolutamente más importante que la vida de las personas.
Es difícil que haya un sector profesional para quienes este día sea tan especial y significativo como para quienes trabajamos en la salud. Primero, porque el derecho a la salud sintetiza todas las conquistas más esenciales del avance de la humanidad por una vida mejor, y segundo, porque cuando la vida de las personas está bajo amenazas tan tremendas y aterradoras como este año, la sociedad nos ubica en la primera línea de su defensa.
Ha sido un año de duro batallar. Apoyo deficitario, sin dirección clara, en las peores condiciones logísticas, armados sólo con nuestra vocación y convicciones, hicimos carne nuestro compromiso personal y profesional con la salud de las personas.
Pero lo más grave y preocupante, es que después de un período tan doloroso y extenuante no parece haber alguna lección aprendida, ni siquiera una débil autocrítica. Al contrario: una fuerza policial que lanza a un joven al río Mapocho y es defendido por sus superiores y por el gobierno; un sistema judicial que libera a condenados por crímenes de lesa humanidad, comprometiéndose cada vez más desembozadamente con el modelo; un gobierno que califica de utensilios una metralleta en manos de grupos de ultraderecha que amenaza a una fiscal, mientras que por unos dichos acusa por Ley de Seguridad Interior a la encargada de la niñez, son hechos que se repiten casi a diario.
Y en salud, un ministro que por un lado anuncia la cierta y grave amenaza de una segunda ola de COVID-19 que podría superar todo lo conocido, y que por otro rebaja el presupuesto de salud; y que además, evidenciando de manera tragicómica la ausencia de política y de dirección en salud, aparece declarando que “en este minuto no iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima». Mientras, al mismo tiempo, la Primera Dama anuncia con bombos y platillos el regreso del programa “Vacaciones Tercera Edad” al sur de Chile.
Por eso, cuando la política sigue forzando las cuentas de un simulacro electoral muy poco significativo y ni siquiera hacen mención de estas amenazas, se nos hace un deber transformar este saludo de un día tan importante para todos los ciudadanos del mundo, en un llamado de alerta.
Un llamado destinado especialmente a aquellos/as que suman y hacen crecer con su actividad diaria y permanente en todos los intersticios de la vida social de nuestra patria, la esperanza de un tiempo mejor; a quienes que han construido la posibilidad cierta de cambiar este estado de cosas.
Al parecer nos esperan días difíciles y ásperos de grandes desafíos y arduo trabajo, pero queremos terminar declarando, como el año pasado, nuestra decisión inquebrantable de seguir profundizando los compromisos presentes en nuestros lugares de trabajo, en nuestra misión como funcionarios/as de salud prestos a resolver, con los exiguos recursos disponibles, las más diversas necesidades de la gran mayoría de la población que utiliza el sistema público.
Llamamos al gobierno a detener la sistemática violación de los Derechos Humanos.
Exigimos la libertad de las y los presos políticos del estallido social
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS FENPRUSS
