La desigualdad social y económica se ha acentuado ampliamente desde el inicio de la crisis sanitaria en Chile, dejando dramáticamente a la vista las fallas del modelo político y económico impuesto en nuestro país. Por lo mismo, las críticas planteadas durante el estallido social, hoy siguen vigentes y se profundizan a diario.
Esta crisis ha puesto en el debate las contradicciones propias de un modelo político y económico que sencillamente no está diseñado para proteger a los trabajadores y trabajadoras en sus necesidades más esenciales. Ejemplo de esto ha sido la discusión por la precariedad de la vida, las insuficiencias del aparato estatal y por la seguridad social en el marco del debate por el retiro de fondos de las AFP.
Hasta ahora, todas las políticas públicas implementadas desde el Gobierno para enfrentar la pandemia responden a la lógica subsidiaria neoliberal, en la cual el Estado se abstiene de tomar un rol preponderante y solo interviene para vehiculizar la iniciativa de los grandes empresarios a través del mercado. Así se terminan evidenciando abusos de diversa índole, justificados con la excusa de la libertad económica. Por su parte, el ciudadano común debe echar mano a sus escasos medios para recibir algún beneficio de políticas focalizadas a segmentos acotados y con montos exiguos, financiadas con deuda pública, reasignaciones o fondos de los mismos trabajadores, sin asomo de ninguna medida redistributiva.
El estallido social de octubre de 2019 y el posterior “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” del 15 de noviembre, entre otras cosas, intentaron ser una salida institucional a la crisis social y política, fruto de los profundos problemas de coherencia de la clase política chilena, fracturas que hoy más que nunca requieren de respuesta.
Debemos, como sociedad, proponernos abandonar la noción de Estado subsidiario y construir un Estado social y democrático de derechos. Se deben dirigir los esfuerzos a fortalecer los derechos fundamentales, en particular el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y sanitarios, y así establecer garantías jurídicas eficaces para protegerlos.
La posibilidad de no realizar el plebiscito de entrada del proceso constituyente, reprogramado para el 25 de octubre de este año, es una idea que ya instalaron los sectores más interesados en mantener el modelo político y económico chileno. Esto es algo que debemos rechazar con fuerza, ya que este proceso, nacido del estallido social, representa la oportunidad de comenzar a construir un país distinto. Para que la salud que soñamos sea posible, se requieren nuevas reglas del juego que redefinan lo público y lo privado, y que garanticen a todos y a todas un nuevo comienzo. Solo así podremos avanzar en un Chile más justo, solidario y democrático.
