El día martes 28 de julio, Sebastián Piñera, luego de una profunda crisis derivada de la aprobación del retiro del 10% de las AFP que contó con apoyos por sobre los dos tercios en ambas cámaras, y que evidenció la incapacidad de conducir a la coalición en medio de una de las crisis más profundas del último cuarto de siglo, realizó un cambio de gabinete en el que incorporó en carteras estratégicas a las voces más duras contra el cambio constitucional: Jaime Bellolio (UDI), Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez Varela (UDI) ocuparon las carteras de Vocería, Exterior e Interior, respectivamente.
Víctor Pérez Varela despierta particular rechazo en las organizaciones de Derechos Humanos del país, dadas las responsabilidades que este cargo tiene sobre la seguridad interior y los poco esclarecidos vínculos de colaboración entre Pérez y Colonia Dignidad, particularmente su apoyo a Paul Schafer (colaborador nazi, abusador de menores en Alemania y Chile, y colaborador activo de la dictadura) durante la utilización de Colonia Dignidad como centro de detención y tortura en la dictadura militar.
Este ministro es quien el día 28 de julio declara querer erradicar a los “grupos violentistas” de la Araucanía. El 30 de julio visita la novena región con una poco clara agenda, reuniéndose solo con grupos de interés, y realizando un punto de prensa en el que desconoció la existencia de presos políticos mapuche, bajándole el perfil, al mismo tiempo, a la huelga de hambre llevada adelante por 27 comuneros mapuche, y que a esa fecha alcanzaba los 88 días. Además, Pérez pidió a los alcaldes de la zona que ordenaran el desalojo de los municipios ocupados por comunidades mapuche en apoyo a los huelguistas.
Durante la noche de ayer 1 de agosto, dos días después de la visita del ministro del Interior, fuimos testigos de una de las páginas más oscuras y terribles de la historia reciente del Chile democrático, y que no podemos dejar pasar sin repudiar activamente tal como hemos rechazado cualquier forma de discriminación hacia cualquier grupo cada vez que lo hemos presenciado. Sean los apuñalamientos a mujeres ocurridos durante la ola feminista, los femicidios producidos por la violencia machista, lesbo y transfóbica, como también la reciente agresión a funcionarios de la salud producida en el marco de la instalación de una residencia sanitaria producto de la pandemia de COVID-19.
Los actos vandálicos y cobardes ocurridos en Curacautín, Traiguén y Victoria trajeron escenas terribles que no solo incluyen consignas racistas anti-mapuche, sino que también quema de vehículos de propiedad de comunidades, agresiones a dirigentes, mujeres, niñas y niños; quema de elementos simbólicos relevantes como canelos, banderas mapuche, wiños y lienzos. Todo entre las 21:00 horas y las 4:00 de la madrugada, en pleno toque de queda, con todas las restricciones sanitarias pasadas por alto y, con lo que es más llamativo, la nula intervención de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. Más tarde conoceríamos a través de diversas fuentes, que habrían sido las organizaciones “Paz en la Araucanía”, dirigida por Juan de Dios Fuentes, actual director del SII en Temuco, y “APRA”, dirigida por Gloria Naveillan, militante UDI y candidata a diputada, quienes habrían propiciado estas acciones.
Estos actos no pueden ser sino repudiados con toda la fuerza posible por las organizaciones sindicales, políticas y sociales democráticas del país, así como por todos los ciudadanos que, sin importar su filiación política, reconocen la importancia fundamental de la democracia y de los acuerdos amplios, para avanzar como sociedad por sobre la violencia organizada y articulada de grupos intolerantes, autoritarios y con nula capacidad de diálogo. Sectores que rayan en el fascismo más oscuro que conocimos durante la dictadura, periodo del cual aún cargamos entre nosotros con miles de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados que no han recibido debida reparación. Una dictadura sobre la que el ministro de Interior, Víctor Pérez afirmó haber sido “necesaria”, y cuyos criminales siguen siendo protegidos, como sucedió en estos últimos días cuando Sebastián Piñera y Hernán Larraín (ministro de Justicia) indultaron a dos criminales de lesa humanidad condenados en 2017 y 2018 por la desaparición de dos personas. Todo esto mientras 27 comuneros mapuche mantienen una huelga de hambre de 91 días a la espera de condenas ajustadas al derecho internacional.
Los hechos presentados la noche de ayer NO PUEDEN VOLVER A REPETIRSE, pues lesionan gravemente la convivencia interna en un país que reconoce al menos nueve pueblos originarios. Exigimos con fuerza el repudio de todas las esferas políticas del país como expresión concreta de su condena a la violencia:
– Del ministro de Salud Enrique Paris por las implicancias de la vulneración a las normas sanitarias en el marco de la pandemia actual.
– Del ministro de Justicia Hernán Larraín en virtud de la violación de normas de resguardo excepcionales y del evidente concierto de diversos liderazgos de la región para cometer estos actos, lo que sin duda constituye una asociación ilícita delictual.
– Del ministro de Defensa Mario Desbordes en virtud del nulo accionar de las Fuerzas Armadas desplegadas por el toque de queda en todo el país.
– Y, sobre todo, del Presidente Sebastián Piñera, quien solo un día antes, en su cuenta pública, condenara enérgicamente la violencia producida durante el último trimestre de 2019.
No queda sino exigir la más dura respuesta a estos actos delictuales por parte de la Justicia, junto con rechazar el actuar del actual Ministro de Interior, Víctor Pérez Varela, quien con sus irresponsables y provocadoras declaraciones consecutivas desde que asumiera en el cargo, no fue sino allanando el camino para que estos condenables actos se produjeran. Aún así, esperamos de él esperamos la más enérgica condena y las correspondientes asunciones de responsabilidades en el alto mando de Carabineros por propiciar con su inacción la quema y destrucción de al menos tres municipios.
Chile no puede permitirse reflotar la intolerancia y la violencia como cauce para la frustración de diversos grupos del país. Entendemos que los estragos producidos por la pandemia, los yerros del Gobierno y el irresponsable manejo de ésta generan una profunda sensación de incertidumbre, abonada además por un pésimo manejo de las políticas de empleo que han significado más de dos millones de cesantes en menos de dos meses, el estrés constante producido por un virus desconocido que colapsa los pobres sistemas sanitarios del país que no serán fortalecidos durante los meses que quedan de gobierno, y además la visión punitiva y delictual para enfrentar un conflicto étnico que se arrastra por más de 200 años en nuestro país.
La problemática mapuche solo podrá solucionarse mediante su abordaje político y con mirada estratégica. Lo sucedido no puede sino expresar la necesidad urgente de fundar otra forma de vivir en sociedad, de refundar nuestro sistema de seguridad social y nuestra Constitución hacia una más tolerante, protectora y enfocada en el bien común de todos y todas las habitantes de Chile.
CONFEDERACIÓN FENPRUSS
COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
