Durante la semana pasada comenzaron las primeras discusiones para definir el presupuesto nacional para del año 2021. Es en este contexto cuando se verá el verdadero compromiso con la salud pública por parte del Gobierno y las y los parlamentarios, en especial a través de la distribución de los recursos hacia la población más vulnerable que se atiende en la red de establecimientos públicos de salud.
Cabe consignar que los recursos financieros otorgados en el contexto de la pandemia han sido exiguos y difíciles de identificar cuando se revisa la ejecución del gasto en lo que va corrido del año. La reducción gastos y costos operacionales producto de la suspensión de actividades rutinarias de los establecimientos de atención secundaria (operaciones, controles, exámenes, entre otras prestaciones habituales); la cancelación del programa de alimentación complementaria en la Subsecretaría de Salud Pública, sumado al ahorro en contratación de personal por cese de actividades y en pago de horas extraordinarias, serían la forma como este Gobierno ha redestinado recursos financieros en salud.
La compra de elementos de protección personal (luego del reclamo sostenido de los sindicatos), la adquisición de unos pocos ventiladores mecánicos (porque la mayoría han sido donados) y la contratación de personal de apoyo, son los ítems en los que el Gobierno ha cumplido su responsabilidad constitucional, gastando de forma adecuada parte del presupuesto. Obviamente aquí no está considerado el arriendo del Espacio Riesco y otros actos mediáticos que han llevado a cabo las autoridades.
Si nuestro sistema no ha naufragado, es gracias al compromiso del personal de salud y a que se dejaron de realizar prestaciones importantes en el sector, única manera en que un sistema precarizado ha podido enfrentar las exigencias de la pandemia. Queda entonces preguntarse, ¿Cuál ha sido el costo humano oculto del tratamiento del COVID-19, expresado en prestaciones de salud postergadas o sencillamente no otorgadas y sus consecuencias en la salud de los perjudicados por estas situaciones? Esa contabilidad no se visibiliza y quedará expuesta cuando la situación del virus se atenúe.
El Gobierno ha intentado financiar el costo de esta crisis echando mano al seguro de cesantía de las y los trabajadores, cerrando embajadas, suspendiendo programas deportivos y culturales, redestinando fondos regionales, endeudándose y realizando todas las acciones necesarias para evitar ¨tocar¨ recursos desde los grandes empresarios o de los más ricos de este país. La actitud del gobierno hacia los empresarios ha sido consecuencia de su propio corralito ideológico político, que les impide actuar de forma diferente: ellos siempre pondrán la economía por sobre lo social.
La crisis sanitaria dejó en evidencia al menos dos cosas: que no todo lo resuelve el mercado, y que lo importante y urgente es fortalecer la salud pública, demanda histórica de nuestra organización. El sistema sanitario se fortalece con más recursos directos y con políticas que apunten a la salud como un derecho, no como ocurre hoy, que es un privilegio para el 20% que cuenta con los recursos para ello, como lo demuestran los datos de insumos, personal y equipamiento que disponen las clínicas particulares, donde se atiende la mayoría de la clase política y elite de este país, que a su vez hace las leyes.
Podemos decir que ¨Un buen susto es mejor que un buen consejo¨. Esperamos que el país lo haya entendido, se tomen cartas en el asunto y que por fin se haga una cirugía mayor para tener una salud de calidad, gratuita, universal e integral. La salud que soñamos y que es posible.
