Es una irresponsabilidad e imprudencia de las autoridades llamar a retomar la normalidad del país en un contexto epidemiológico como el que estamos viviendo

Este lunes 20 de abril, la Coordinación Fenpruss del servicio de Salud Atacama, junto a representantes de las organizaciones sindicales de la Mesa de Sector Público de Atacama y la Coordinadora de la Salud de la Región rechazaron el anuncio del Gobierno de normalizar el funcionamiento de los servicios públicos y de la administración del estado, política gubernamental establecida en el Oficio Circular Nº18 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en el Ordinario Nº429 del Servicio Civil en el denominado “Plan de Retorno Gradual”.

En palabras de Ernesto Astudillo, coordinador regional de las bases de la confederación Fenpruss de la región de Atacama, refiere “Esta decisión pone en riesgo la salud y la vida de las y los funcionarios públicos, a sus familias y a la comunidad de nuestra región y del país, ya que no existe capacidad técnica y humana para vigilar que no se produzcan aglomeraciones en los establecimientos de los servicios públicos y que se dispongan para las y los trabajadores de los elementos de protección personal que den garantías de seguridad en el ejercicio de las funciones laborales”.

 

Junto a los sindicatos y asociaciones de trabajadores de la región catalogaron la medida de Gobierno como una “irresponsabilidad y un contrasentido” al discurso que ellos han levantado con respecto a la protección de la salud que cada persona de tener, en este sentido expresaron que “esta medida responde a presiones económicas y del gran empresariado, que pretenden normalizar el comercio para aumentar el nivel de ventas y utilidades economicas a costa de la salud e incluso la vida de las personas” agregando también que “el estado ha gastado en relación a la pandemia del COVID-19 honrosamente recursos públicos monetarios en campañas comunicacionales para poder llegar a las personas para que se cuiden y protejan, y la señal del Gobierno con esta circular no le hace sentido a las personas y al gasto público”.

 

Finalmente, refirieron que se mantendrán alertas y vigilantes en las acciones que lleve adelante la autoridad regional, ya que como representante de las y los trabajadores de la región, deben velar por que se cumplan las garantías de seguridad y protección pertinentes para cada funcionario público, como así lo manifestó en el Dictamen 3610 la Contraloría General de la República, por lo cual agrega Ernesto Astudillo, “llamamos a nuestra autoridades regionales a ser criteriosos y prudentes con sus decisiones administrativas, ya que el exceso de confianza o la no valorización de variables sanitarias y epidemiológicos pueden tener consecuencias catastróficas para las personas y los habitantes de la región de Atacama

 

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