Fenpruss Magallanes exige cese de funciones de Médico especialista, formalizado por presunto abuso sexual

Tras el reportaje publicado el pasado 19 de enero en la Revista Sábado
de El Mercurio, en donde se revelan reiterados casos de abuso sexual por parte
del oncólogo Manuel Álvarez Zenteno, los que están actualmente en investigación
por parte de la Fiscalía, y por los cuales Álvarez ya es legalmente imputado
tras formalización de cargos el pasado 08 de enero, como Fenpruss Magallanes
declaramos y exigimos lo siguiente:

Que en nombre de nuestra asociación, emitimos un mensaje fuerte de
repudio a que en pleno proceso de investigación por parte de la fiscalía
oriente del Ministerio Publico de la Región Metropolitana,  y en vías de formalización de la
investigación por el delito de abuso sexual propio por un facultativo, previsto
y sancionado en el artículo 366 bis y siguientes del Código Penal, continúe
trabajando el aludido médico en atención directa a pacientes, considerando poco
ético e inmoral, por cierto, dicho ejercicio de la profesión.

 Que esta asociación, ha  trabajado incansablemente en erradicar la
violencia de género en todas las dimensiones de la vida, a través de nuestra
comisión de igualdad y a nivel local  con
participación en la elaboración y actualización de los manuales de
procedimientos de acoso laboral y sexual con la finalidad de evitar la exposición de nuestros
funcionarios y pacientes a este tipo de situaciones y sancionar a quienes
cometen estos actos reprochables.

Es por esto que manifestamos nuestro categórico rechazo a que un
profesional con estos antecedentes se esté desempeñando en el Hospital Clínico
de Magallanes desde junio del año pasado, exponiendo así a las pacientes de
nuestra región y a funcionarios a ser víctimas de un eventual condenado por
abuso sexual. Sobre todo porque sabemos que las víctimas de abuso tardan años
en denunciar ya que tienen en general una relación compleja con el abusador.
Son personas que se sienten frágiles, amenazadas y vulnerables, muchas de las
víctimas tienden a sentirse culpables por los hechos que han ocurrido, evitando
denunciar actos impropios de otras personas por miedo a futuras críticas.

Estamos preocupados ya que pese a tener una política interna de acoso
laboral y sexual de acuerdo a las orientaciones señaladas en el Instructivo
Presidencial en el marco de la implementación del Código de Buenas Prácticas
Laborales e instructivo sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción
del maltrato, acoso laboral y acoso sexual en los Ministerios y servicios de la
Administración del Estado, el subdirector médico Dr. Raúl Martínez sale a
defender públicamente al Dr. Álvarez manifestando que “sabían de su condición
al momento de su contratación y que los abogados le manifiestan que mientras no
haya una sanción ejecutoriada nadie puede ser previamente sancionado y no poder
ejercer una función pública” desconociendo así todo el trabajo realizado sobre
este tema por esta asociación, por el ministerio de salud y por el servicio
civil.

No vamos a permitir que por justificación de prestigio profesional,
mérito, falta de especialistas ni cualquier otra causa se pretenda minimizar lo
sucedido y quitar validez a lo que las víctimas han denunciado. Menos que sean
los pacientes quienes tengan que atenderse con otro médico debido a que la
institución apoya a quienes pueden vulnerar sus derechos.

Es inconcebible exponer a nuestras pacientes que en su condición de
vulnerabilidad se ven obligadas a atenderse con el médico en cuestión, ante lo
cual creemos firmemente que el procedimiento a seguir en este caso debiese ser
el que se aparte a Álvarez Zenteno de sus funciones hasta el total y completo
esclarecimiento de los hechos y una sentencia ejecutoriada.

Si esto no ocurre y se condena al Dr. Álvarez, como institución, seremos
responsables de haber expuesto a nuestras pacientes a un condenado por abuso
sexual.

La seguridad de nuestros pacientes es primordial y es nuestra
institución la que debe resguardar este derecho es por esto exigimos el cese de
funciones de este especialista y el contacto directo con personas, hasta el
término de la investigación judicial. A futuro interpelamos a nuestras
autoridades a aplicar y respetar nuestros manuales internos sobre prevención de
acoso a aplicar filtros al momento de la contratación, porque si bien la
presunción de inocencia es un derecho, éste no puede estar por sobre la
protección de personas vulnerables.