Durante los últimos días el autoritarismo gubernamental quedó en evidencia luego de la querella presentada por la ANEF y otras organizaciones en contra el ex ministro Jaime Mañalich y el subsecretario Arturo Zúñiga por negligencia grave en el manejo del COVID-19. Dicha demanda judicial ha sido acogida por los Tribunales de Justicia, los cuales representan a la única instancia llamada a resolver este tipo de presentaciones en un Estado de Derecho.
Sin embargo, esto ha dado pie para que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, haya indicado al presidente de la ANEF, José Pérez, que suspende el diálogo con la organización y pone en cuestión las instancias creadas para abordar las reivindicaciones de las y los funcionarios públicos. Esto representa una actitud grave en tanto se están tomando represalias políticas en contra de las organizaciones sindicales solamente por llevar a cabo acciones que no agradan al Gobierno.
Se ha hecho costumbre por parte de las autoridades el menospreciar la labor de las y los funcionarios públicos, olvidándose que son éstos los que hacen funcionar el Estado chileno. En específico, son muchos sectores de la administración pública los que se han llevado el peso de hacer frente a la pandemia desde los distintos frentes, teniendo que enfrentar las consecuencias de las pésimas políticas del gobierno ante el COVID-19.
Por ello, apoyamos al presidente de la ANEF y a la organización completa, cuyo único delito fue cumplir con su deber y demandar a los principales responsables del manejo de la pandemia, que han puesto en riesgo la vida de la población y, con su premura de la mal llamada «nueva normalidad», sacrificar a los servidores públicos.
CONFEDERACIÓN FENPRUSS
