Este martes 20 de diciembre, la Comisión de Hacienda del Senado llegó a un acuerdo con el Gobierno para abordar el problema de la masa profesional excluida del reajuste de 12%. Gracias a la voz crítica y presión ejercida por Fenpruss y otros gremios y colegios profesionales excluidos de la negociación por la Mesa del Sector Público, el Gobierno se vio obligado a ceder y llegar a una solución que no discrimine a parte importante de las y los profesionales.
De esa forma, una cantidad importante de profesionales de la salud con rentas más altas dadas por su alta especialización, años en el servicio público, turnantes, cargos de alta responsabilidad y/o sueldos altos acorde al mercado podrán acceder al 12% final a través de un reajuste adicional que se realizará en agosto del 2023.
En detalle, el protocolo de acuerdo entre la Comisión de Hacienda y el Gobierno señala: “El Ejecutivo propondrá un ajuste a las remuneraciones de las y los funcionarios que recibieron el reajuste de $264.000. Este ajuste se aplicará a partir de agosto de 2023, con un incremento de 4% promedio respecto de las remuneraciones de este grupo de funcionarios/as en 2022. Este ajuste se complementará en diciembre de 2023 y permitirá totalizar un incremento máximo de 12% respecto de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022, sirviendo de base para el reajuste general que se determine para 2024”.
De esta forma, el trabajo simultáneo y con un discurso común entre distintas agrupaciones como Fenpruss junto a la Mesa Complementaria del Sector Público; Colegio Médico, Colegio de Dentistas, agrupaciones de fiscales, otros gremios del Poder Judicial y colegios profesionales; dio frutos y demostró la deficiencia del acuerdo inicial entre algunos gremios y el Ejecutivo.
“Este protocolo es una comprobación de que el acuerdo inicial era discriminatorio y redundaba en una mala política pública al afectar negativamente a un sector importante de quienes hacen funcionar nuestros servicios de salud. Estamos satisfechos de que se haya escuchado y dado la razón a nuestras organizaciones”, indica Gabriela Farías, vicepresidenta Fenpruss.
“Esto también demuestra que la negociación del sector público no puede seguir excluyendo a organizaciones representativas, lo que termina redundando en acuerdos deficientes que no satisfacen a parte importante de las y los funcionarios públicos. Es un desafío de la CUT y los gremios lograr la unidad sin exclusión para enfrentar las próximas negociaciones. Esperamos que así sea”, concluye.
