Profesionales de la salud defenderemos los DDHH e integridad de las personas

Una de las preocupaciones fundamentales de las y los profesionales que trabajamos en salud pública es mejorar la calidad de vida de las y los pacientes. El mantener la vida de la población es unos de los preceptos básicos para los trabajadores de la salud y es algo que no se transa. De allí se desprenden nuestras luchas cotidianas por el fortalecimiento del sistema público de salud, de inyectarle más recursos y evitar las privatizaciones que solo debilitan a nuestros recintos con consecuencias directas en la salud de la ciudadanía.

Por todo esto es que no podemos quedar impávidos cuando el gobierno de turno declara un Estado de Emergencia, saca a las Fuerzas Armadas a las calles y las empodera para «garantizar el orden público». Una medida cuyas brutales consecuencias han quedado a la vista de Chile y el mundo entero, y cuyas cifras son lapidarias.

Según el último informe del instituto Nacional de Derechos Humanos, al 28 de octubre se cuentan 1.132 personas heridas, de las cuales 127 presentan daños oculares graves principalmente por proyectiles de Carabineros y militares. 3.243 personas han sido detenidas y existen 101 acciones judiciales presentadas, que incluyen 18 querellas por violencia sexual, 5 por homicidio y 54 por torturas.

Esta realidad que está afectando a nuestras familias, colegas, amigos/as o vecinos/as es grave y atenta contra las normas básicas de la democracia y la vida de las personas. Las torturas y las vejaciones sexuales que han sido denunciadas en estos días se han naturalizado, y vemos con estupor que una parte pequeña de la población incluso las justifica y aplaude. Esto no se puede tolerar. La integridad física y emocional de cada uno de nosotros y nosotras se debe respetar, y eso no se negocia bajo ningún punto de vista.

Nuestra organización no descansará en denunciar dichos atropellos e instruirá a sus socios y socias repartidos desde Arica a Puerto Williams para que comuniquen a la Justicia estos atropellos. De ser necesario, interpondremos los recursos necesarios en caso de que un afiliado/a o dirigente/a vea sus Derechos Humanos fundamentales vulnerados y haremos valer la legitimidad de la protesta social.