Estamos enfrentando una situación sanitaria que no tiene comparación en la historia reciente de nuestro país, y este desafío requiere de la colaboración de todos los actores de la sociedad chilena. Como profesionales de la salud centralizada somos conscientes de la magnitud de esta crisis y de sus posibles efectos sanitarios, y también sabemos que la vocación de servicio de nuestros socios y socias, de Arica a Puntas Arenas, permitirá abordarla siempre y cuando se tomen todos los resguardos pertinentes para la seguridad y protección de las personas que se desempeñan en los centros de salud del país.
Nuestra población aun no logra dimensionar las complejidades operativas que esta crisis sanitaria puede producir en nuestro sistema de salud, una red estructuralmente frágil y con graves deficiencias presupuestarias, que se verán profundizadas cuando la necesidad de respuesta sea crítica en los centros de salud, y el personal se encuentre desgastado física y mentalmente por la carga asistencial.
La ciudadanía está mayormente desinformada y las autoridades no cuentan con la credibilidad suficiente para implementar las medidas que permitan abordar eficazmente esta crisis. Hemos observado descoordinaciones y falta de rigurosidad por parte de las autoridades sanitarias en su actuar, con su consecuente efecto territorial, donde no se siguen los lineamientos de Gobierno, ministeriales y de los entes reguladores de la función pública. Esto sigue afectando la confianza de la ciudadanía, pero principalmente del personal de salud, lo cual resulta extremadamente grave en el contexto actual.
Las y los profesionales de salud estamos a disposición del país para ayudar en las soluciones que permitan enfrentar la emergencia del COVID-19. Daremos nuestro mayor esfuerzo para que el sistema público pueda responder a la altura de las circunstancias, y desde esta postura exigimos a las autoridades no improvisar acciones y seguir las recomendaciones de los expertos en la materia, así como también replicar los ejemplos de países que han logrado contener la propagación del virus de manera exitosa.
Si consideramos la realidad de los países europeos, donde la sobrecarga del sistema sanitario ha aumentado la letalidad del virus, es urgente que en Chile se tomen medidas que permitan aplanar la curva de propagación e incidencia del COVID-19. En este sentido, y reconociendo nuestras limitaciones como sistema público de salud y las características de nuestra población a cargo, es que debemos tomar medidas extremas y coordinar respuestas sanitarias que estén a la altura de la pandemia.
Hacemos un llamado a la autoridad a plantearse en el peor escenario posible, en donde coexistan, por un lado, una gran cantidad de infectados demandando atención y un importante número de funcionarios/as también infectados o en cuarentena, y, a partir de ahí, configurar un programa estratégico que permita organizar los recursos disponibles de manera de tener una mayor capacidad de respuesta del personal de salud. Dada la magnitud de propagación que ha mostrado el COVID-19 en la población chilena esta semana, debemos proyectar una afectación del personal, lo que impactará en la disponibilidad de éste en los centros de salud para dar respuesta a las necesidades derivadas de la enfermedad. Estimaciones plantean que aproximadamente el 20% del personal sanitario se verá directamente afectado por el virus, mientras otro 15% deberá mantener niveles de protección, como la cuarentena, durante los periodos de mayor incidencia de la enfermedad. De acuerdo con las estimaciones, aun contamos con tiempo para poder generar estrategias de mitigación.
Dada esta proyección, las autoridades deben plantearse el contar con personal de reserva para enfrentar los desafíos sanitarios en los centros de salud públicos, dividiendo al personal, de acuerdo con sus competencias, en equipos que estén disponibles para entrar en acción cuando sea necesario y cubrir los puestos de trabajo estratégicos clínicos y administrativos, ofreciendo oportunamente capacitación para el correcto desempeño. Hoy tenemos tiempo para las inducciones de personal, mañana tal vez sea muy tarde.
Esto requiere que los directores de los servicios de salud y de hospitales de la red pública utilicen pertinentemente sus facultades discrecionales que la legalidad chilena permite, para temporalmente flexibilizar las responsabilidades habituales de los funcionarios y funcionarias. Así podrán otorgar facilidades que les permitan estar en condiciones físicas y mentales para poder asistir, cuando se les requiera, la carga asistencial que afectará a los centros de salud.
Se debe garantizar a cada funcionario que contará con todas las medidas de protección personal para evitar que se infecte en el ejercicio de sus labores asistenciales. Tenemos registro de falta de los insumos necesarios producto de la alta demanda que está teniendo la población asustada por la pandemia.
El examen de confirmación del COVID-19 debe aumentar en disponibilidad en los centros públicos de salud. No es posible que hoy se deba espera hasta 12 horas para confirmar un caso sospechoso, se requiere respuestas rápidas para definir acciones urgentes.
Todas estas medidas se deben complementar con las planteadas por expertos y expertas, además de otras organizaciones de la salud con quienes compartimos la preocupación por el bienestar de las personas y la capacidad de nuestro sistema sanitario. Las y los funcionarios de la salud estamos en nuestros puestos enfrentando esta emergencia, por lo que son las autoridades las que deben, de una vez por todas, ponerse a la altura.
Confederación Fenpruss
20 de marzo del 2020
