A un año del primer caso de COVID-19 en el país, la cifra total de casos confirmados se eleva a 835.552 personas, dejando lamentablemente 20.074 personas fallecidas a causa del virus. Hoy emerge una ventana de esperanza con el proceso de vacunación que ha destacado por sus coberturas en los grupos priorizados, pero que por sí solo no basta, ya que requiere de una gobernanza y coordinación mayor de las instituciones para poder reducir los contagios y el control de los brotes.
La crisis sanitaria por COVID-19 ha dejado clara la importancia y valor que para la sociedad chilena tiene la red pública de salud, especialmente sus trabajadores y trabajadoras, que han entregado toda su vocación de servicio y profesionalismo para responder a las críticas circunstancias que esta pandemia ha impuesto en lo hospitalario. Los efectos de este permanente esfuerzo por salvar vidas son evidentes en los equipos de salud, con un desgaste físico y mental que pesa cada día más.
Este gobierno decidió al inicio de la crisis que el combate de la pandemia se llevaría en los hospitales, específicamente es sus unidades críticas -la denominada “primera línea”-, poniendo el énfasis en la disponibilidad de ventiladores mecánicos y camas de paciente crítico. El ministro de la época aseguró su disponibilidad para quien lo requiriese, descuidando acciones como las pesquisa activa y trazabilidad de casos confirmados, que hubiesen favorecido el control de los brotes en la comunidad.
Más allá de las promesas políticas de las autoridades de gobierno, lo cierto es que, dada la urgencia, la estructuración de los equipos de salud se realizó en condiciones laborales precarias, normalizando formas de trabajo abusivas y modalidades de contrato que no aseguran derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de la salud. A doce meses de iniciada la crisis, este sigue siendo un desafío pendiente.
Como Confederación Fenpruss desde el primer momento nos dispusimos a trabajar para asegurar que las condiciones mínimas para resguardar la vida y derechos laborales de nuestras socias y socios a lo largo del país se normaran por parte de la autoridad. Pero en esta tarea muchas veces nos encontramos, al igual como lo manifestó la presidenta del Colegio Médico en mayo de 2020, “hablándole a una pared”. Este es aún un desafío pendiente por parte de la autoridad si pretenden que mejore la confianza hacia ellos para ejercer un liderazgo efectivo.
No hay duda que el primer caso conocido en Chile de COVID-19 se da en un contexto político y social que no puede pasarse por alto. El país se remecía con amplias movilizaciones a lo largo del territorio producto del estallido social de octubre de 2019, que impugnó al modelo de desarrollo neoliberal, a la clase política y, principalmente, a este gobierno. La pandemia fue un motivo no menor para instalar medidas de control social, como el estado de excepción constitucional, los toques de queda, y otras medidas administrativas que se justificaron como necesarias para el control de la pandemia, pero que a un año del primer caso, no conocemos su real efecto en el control de la crisis sanitaria.
Hoy, junto con la esperanza que significa para la ciudadanía el proceso de vacunación, nos encontramos en un momento de disputa política que está dado por un proceso constituyente que abre los sueños de lo posible, especialmente en lo referido a reconocer el derecho a la salud garantizando más allá del acceso, su calidad y universalidad sin discriminaciones por capacidad de pago entre las personas.
Lo que estos doce meses han dejado claro es que para poder contener efectivamente la propagación se hace necesaria la unidad y el liderazgo de los actores estratégicos de la sociedad, como los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la salud, para así alcanzar la coordinación y coherencia que se requieren para superar este nuevo desafío que enfrentamos en lo sanitario y asistencial. No necesitamos solo reconocimientos morales por parte de la autoridad, hoy más que nunca necesitamos que se respeten y garanticen los derechos laborales.
