Este 25 de noviembre nuevamente conmemoramos el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, fecha que visibiliza la importancia de generar conciencia con respecto a dicha problemática y la relevancia de denunciar y sancionar esta misma, con la finalidad de eliminar definitivamente este flagelo social en todo el mundo. Esta fecha no es casual, ya que el 25 de noviembre de 1960 las hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas, fueron brutalmente asesinadas por luchar contra la dictadura de Trujillo en dicho país. Producto del impacto de este asesinato, en 1981 el movimiento feminista latinoamericano declara esta fecha como el Día internacional de la Erradicación de todo tipo de Violencia contra la Mujer, lo que fue ratificado por la ONU en 1999.
A pesar de que esta declaración se dictó hace varias décadas atrás y que los movimientos feministas han contribuido a promover los derechos fundamentales de las mujeres en nuestro país y el mundo entero, podemos observar y palpar que esta problemática continúa, y que sólo ha ido mutando a lo largo de la historia. La violencia ya no se evidencia solamente en el mundo privado, sino también en el público, y esos cambios han sido producto de los procesos culturales y sociales, en donde las mujeres están más presentes en el acceso a la educación, participación en la fuerza laboral, movimiento sindical, entre otras.
En estos últimos dos años, producto de la pandemia que trajo confinamiento y hacinamiento, hemos evidenciado que se han intensificado la frecuencia y severidad de todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas, sobre todo la violencia doméstica debido al mayor tiempo de contacto de las víctimas con sus agresores, siendo ésta la “pandemia silenciosa escondida entre las paredes del hogar”. Lo anterior se fundamenta en datos obtenidos por el estudio preliminar realizado por el Instituto Milenio, el que indica que en el año 2020 se registraron 151 femicidios frustrados a nivel nacional, siendo la cifra más alta de los últimos ocho años. Además, uno de los datos relevantes en este estudio es el incremento de las llamadas de auxilio en las comunas que se encontraban en cuarentena (12,7 x 100 mil habitantes), siendo que la línea base a nivel nacional en comunas sin cuarentena es de 5 llamadas de auxilio cada 100 mil habitantes (7,7 por sobre la línea base).
Ante esta realidad, es rol y deber del Estado resguardar que todas, todos y todes vivamos en ambientes libres de violencia, situación que no se evidencia al analizar las políticas públicas frente a esta materia. Las instituciones terminan volviéndose responsables de la invisibilización, propiciando la desigualdad social y económica, e inculcando una cultura donde las mujeres nos convertimos en personas de segunda categoría. Así, lo fundamental en materia de violencia de género es enfocar los esfuerzos en su erradicación, siendo un actor central el Estado, quien a través de sus órganos debe orientar su intervención a la prevención, la represión de las conductas violentas y la protección de las víctimas.
En el ámbito laboral, como dirigentas nos damos cuenta de esta vulneración de derechos en nuestros propios lugares de trabajo, en este caso los servicios de salud, donde no existe la voluntad de generar protocolos consensuados, aplicarlos y sancionar las situaciones de maltrato y/o acoso sexual y labora, en donde las principales víctimas son las mujeres trabajadoras de la salud.
Por todo lo anterior, nuevamente hacemos un llamado al Gobierno de Chile a que ratifique el Convenio 190 de la OIT “Para la eliminación del acoso y la violencia en el ámbito laboral”, y la Recomendación 206, primeras normas internacionales que proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
¡Unidas contra la violencia laboral! ¡Ratificación del Convenio 190 ahora!
Comisión de Igualdad de Oportunidades Fenpruss
