Tras el reportaje publicado el pasado 19 de enero en la Revista Sábado de El Mercurio, en donde se revelan reiterados casos de abuso sexual por parte del oncólogo Manuel Álvarez Zenteno, los que están actualmente en investigación por parte de la Fiscalía, y por los cuales Álvarez ya es legalmente imputado tras formalización de cargos el pasado 08 de enero, como Fenpruss Magallanes declaramos y exigimos lo siguiente:
Que en nombre de nuestra asociación, emitimos un mensaje fuerte de repudio a que en pleno proceso de investigación por parte de la fiscalía oriente del Ministerio Publico de la Región Metropolitana, y en vías de formalización de la investigación por el delito de abuso sexual propio por un facultativo, previsto y sancionado en el artículo 366 bis y siguientes del Código Penal, continúe trabajando el aludido médico en atención directa a pacientes, considerando poco ético e inmoral, por cierto, dicho ejercicio de la profesión.
Que esta asociación, ha trabajado incansablemente en erradicar la violencia de género en todas las dimensiones de la vida, a través de nuestra comisión de igualdad y a nivel local con participación en la elaboración y actualización de los manuales de procedimientos de acoso laboral y sexual con la finalidad de evitar la exposición de nuestros funcionarios y pacientes a este tipo de situaciones y sancionar a quienes cometen estos actos reprochables.
Es por esto que manifestamos nuestro categórico rechazo a que un profesional con estos antecedentes se esté desempeñando en el Hospital Clínico de Magallanes desde junio del año pasado, exponiendo así a las pacientes de nuestra región y a funcionarios a ser víctimas de un eventual condenado por abuso sexual. Sobre todo porque sabemos que las víctimas de abuso tardan años en denunciar ya que tienen en general una relación compleja con el abusador. Son personas que se sienten frágiles, amenazadas y vulnerables, muchas de las víctimas tienden a sentirse culpables por los hechos que han ocurrido, evitando denunciar actos impropios de otras personas por miedo a futuras críticas.
Estamos preocupados ya que pese a tener una política interna de acoso laboral y sexual de acuerdo a las orientaciones señaladas en el Instructivo Presidencial en el marco de la implementación del Código de Buenas Prácticas Laborales e instructivo sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción del maltrato, acoso laboral y acoso sexual en los Ministerios y servicios de la Administración del Estado, el subdirector médico Dr. Raúl Martínez sale a defender públicamente al Dr. Álvarez manifestando que “sabían de su condición al momento de su contratación y que los abogados le manifiestan que mientras no haya una sanción ejecutoriada nadie puede ser previamente sancionado y no poder ejercer una función pública” desconociendo así todo el trabajo realizado sobre este tema por esta asociación, por el ministerio de salud y por el servicio civil.
No vamos a permitir que por justificación de prestigio profesional, mérito, falta de especialistas ni cualquier otra causa se pretenda minimizar lo sucedido y quitar validez a lo que las víctimas han denunciado. Menos que sean los pacientes quienes tengan que atenderse con otro médico debido a que la institución apoya a quienes pueden vulnerar sus derechos.
Es inconcebible exponer a nuestras pacientes que en su condición de vulnerabilidad se ven obligadas a atenderse con el médico en cuestión, ante lo cual creemos firmemente que el procedimiento a seguir en este caso debiese ser el que se aparte a Álvarez Zenteno de sus funciones hasta el total y completo esclarecimiento de los hechos y una sentencia ejecutoriada.
Si esto no ocurre y se condena al Dr. Álvarez, como institución, seremos responsables de haber expuesto a nuestras pacientes a un condenado por abuso sexual.
La seguridad de nuestros pacientes es primordial y es nuestra institución la que debe resguardar este derecho es por esto exigimos el cese de funciones de este especialista y el contacto directo con personas, hasta el término de la investigación judicial. A futuro interpelamos a nuestras autoridades a aplicar y respetar nuestros manuales internos sobre prevención de acoso a aplicar filtros al momento de la contratación, porque si bien la presunción de inocencia es un derecho, éste no puede estar por sobre la protección de personas vulnerables.
